Panamá es el vigésimo octavo país en el mundo con mayor diversidad biológica. Sin embargo, en proporción a su tamaño ocupa el décimo lugar. Panamá, por ejemplo, posee: mayor número de animales vertebrados que cualquier otro país de Centro América o el Caribe; mayor número de especies de aves que los Estados Unidos y Canadá juntos; y 3.5% de las plantas con flores y 7.3% de los helechos y aliados del mundo. Igualmente, Panamá tiene 21 veces más especies de plantas por Km² que Brasil.

La posición geográfica de Panamá ha permitido la riqueza biológica que tenemos: 259 especies de mamíferos; 957 de aves; los reptiles contienen 229 especies y los anfibios 179. En cuanto a la ictiofauna, se reporta un total de 206 especies de peces de agua dulce y 1,157 especies de peces marinos.

La diversidad de la flora conocida de Panamá es de 10,444 especies de plantas y esta caracterizada por el intercambio biótico entre norte y Suramérica: de estas 9,520 son vasculares, 17 especies de gimnospermas, unas 938 especies de helechos y aliados, y 796 especies de musgos y aliados, de cuyo total, unas 1,176 son especies endémicas.

Las diferencias de clima, suelo y vida silvestre han originado una variada diversidad de ecosistemas,

6 tipos de vegetación, 13 zonas de vida y un tercio de territorio nacional con cobertura boscosa que garantiza la riqueza de especies, principalmente en la región del Caribe en tierra firme.

Se tiene información aproximada de 1,300 especies con endemismo nacional para Panamá.

Alrededor del 90%, 1,176 especies, corresponden a especies de plantas, 15 anfibios, 18 reptiles, 12 aves, 17 mamíferos y 56 formas de peces de agua dulce.

Las especies exóticas introducidas al país oficialmente, alcanzan aproximadamente 324 especies, la mayoría son plantas (296 spp.), seguida por 17 especies de peces de agua dulce, 3 mamíferos, 2 aves, 4 reptiles y 2 anfibios. Además, se ha incrementado la introducción de especies exóticas como mascotas, principalmente, aves, reptiles y mamíferos.

Según el Primer Informe de la Riqueza y Estado de la Biodiversidad de Panamá, 2000, se estima que cerca de 5,308 especies están amenazadas, de las cuales 5000 son plantas, 205 aves, 10 mamíferos, 48 reptiles y 45 anfibios.

En nuestro país, se aplican convenios internacionales ambientales, tal como el Convenio sobre Comercio de Especies Amenazadas, CITES, que incluye en sus tres apéndices algunas de las especies que habitan nuestro país: 17 especies de reptiles panameños (Apéndice I y II) y 6 en apéndice III; 6 especies de ave críticamente amenazada, 23 especies de mamíferos en el apéndice I y 14 especies en el apéndice II y 15 especies en el apéndice III; 3 cetáceos en el apéndice I y 5 especies en el apéndice II. Siete especies de plantas en el apéndice I y 427 en el apéndice II de CITES. Por otra parte, la Comisión de sobrevivencia de especies de la UICN, incluye 7 especies de reptiles, 41 especies de aves, en su Libro Rojo. La legislación nacional protege únicamente 38 especies de aves de caza, 1 anfibio y 32 especies de mamíferos.

Entre las principales amenazas para todas las especies de los diferentes grupos taxonómicos del país, mencionamos: la contaminación de los ríos, lagos y quebradas; la introducción de especies exóticas; la pérdida de hábitat, el tráfico ilegal; la deforestación, la agricultura migratoria, la erosión genética, el extractivismo y la sobre explotación y la construcción de obras civiles.

En el 2006, la República de Panamá estableció los indicadores ambientales nacionales, entre ellos se destaca el indicador de bosque y biodiversidad, utilizando la cobertura boscosa del territorio, la superficie reforestada, las áreas protegidas e integridad biológica. Con estos indicadores se evalúa los cambios en cobertura de bosques, la superficie desprovista de vegetación recuperada mediante las plantaciones de especies arbóreas o arbustivas, la proporción de territorio bajo protección según categorías de manejo y planes de manejo y la condición o capacidad del hábitat para soportar y mantener una comunidad de organismos adaptada y el balance del número y composición de las especies.

El país cuenta con más de 15 entidades que forman parte del Sistema Interinstitucional de Ambiente, siendo la ANAM el ente rector, manteniendo la mayor responsabilidad en el manejo y gestión ambiental y de la biodiversidad, la implementación de convenios internacionales, regionales y nacionales en la materia.

Entre las principales medidas para atender la creciente amenaza sobre las especies, hábitat y ecosistemas, se aplican medidas de conservación in situ. Se cuenta con 65 áreas protegidas, con una superficie de 2,600,018.050 hectáreas, lo que equivale al 34.43% del territorio nacional. Estas medidas se ven reforzadas por la aprobación del texto de Decreto Ejecutivo que crea el Sistema Nacional de

Áreas Protegidas, en enero de 2007 y la Ley 41 General de Ambiente de 1998.

El patrimonio genético también está amenazado, por lo que el país esta desarrollando diferentes iniciativas sobre conservación de germoplasma vegetal de especies cultivadas, bioprospección, reforestación con especies nativas, granjas marinas, jardines botánicos, herbarios y la cría de animales silvestres en cautiverio.

La ANAM ha ganado experiencia con la implementación de los mecanismos de participación ciudadana, estableciendo las reglas para un mejor manejo, uso y conservación de la riqueza biológica.

Apoyándose también, en los convenios interinstitucionales, con ONG´s, con empresas privadas, con la comunidad científica y las comunidades locales, suscrito entre las partes. Instrumentos, tales como: el reglamento para conservación y uso de los recursos genéticos y distribución de beneficios, 2006; la Resolución AG-0366 de 12 de julio de 2005 “que establece el procedimiento para la concesión de administración en áreas protegidas y se dictan otras disposiciones”; la Resolución AG-0365 de 12 de julio de 2005 “que establece el procedimiento para la concesión de servicios en áreas protegidas y se dictan otras disposiciones”, el Reglamento de cacería y de la Ley de Vida Silvestre, permiten la generación de beneficios y la distribución equitativa por el uso e la biodiversidad, como parte de los lineamientos estratégicos nacionales para el logro de las metas de desarrollo sostenible.